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LO FUNDAMENTAL PARA LOS DESAFÍOS SOCIALES

Mientras el 2020 muchos criticaron la lentitud del apoyo estatal, las organizaciones de la sociedad civil (OSC u ONGs) desplegaron -desde el primer día- ayuda eficaz. Esa agilidad y claridad de propósito no se condice en nada con la fragilidad que hoy enfrentan.

Las 234.500 OSC ya venían lidiando con un estancamiento de las donaciones de los últimos años, sumado a un cambio del status de Chile que lo sacó del listado de países priorizados para recibir fondos de colaboración internacional (en 2018 superamos el per cápita anual de US 12,500) y tras este 2020,  su situación es –en la mayoría de los casos- dramática, dada la baja de aportes estatales y empresariales y el alza exponencial de necesidades de los beneficiarios. 

Mientras hay países que fomentan una cultura filantrópica, con leyes sencillas que promueven el trabajo público-privado, la ejecución de proyectos creativos, pertinentes y solidarios, Chile es nombrado como un mal ejemplo dado el enjambre de 60 leyes que regulan la filantropía y que desincentivan y complejizan la recepción de ayuda (The Economist, La dificultad para hacer el bien en Latinoamérica). 

¿Qué pierde Chile cuando las ONGs desaparecen? Magdalena Aninat (Centro de Filantropía, UAI) destaca que no sólo se trata de perder esa agilidad para ir en apoyo donde nadie más está presente, sino del rol canalizador de la participación ciudadana en pos de la cohesión y el tejido social. De hecho, dentro del listado de las escasísimas instituciones apreciadas hoy por los chilenos, las del ‘tercer sector’ son las que lideran.

Urge un nuevo marco regulatorio que incentive la filantropía y deje atrás el llamado “buenismo”, masificando prácticas como las del Reino Unido con los Contratos de Impacto Social (CIS) o bien con legislaciones como la de EEUU que permite a los ciudadanos descontar hasta el 50% de su base imponible para el cálculo de sus impuestos a la renta.

El estudio CEFIS UAI, “Hacia un nuevo marco legal de las donaciones en Chile” sugiere unificar en una ley general de filantropía, ordenar los incentivos tributarios, fortalecer la transparencia y regular nuevos mecanismos de donaciones. Un paso fundamental para apoyar a quienes hoy mejor entienden y solucionan las necesidades sociales de los ciudadanos.

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